Habiendo transcurrido un lapso de tiempo suficientemente prudente, pero además para ofrecerle la claridad debida a la comunidad universitaria, rompo mi silencio sin pretender ir mas allá de lo que al Rector corresponde; para ello he resuelto adoptar el formato resolutivo que suelo utilizar con alguna frecuencia, tal vez por la ilación de razonamiento que a mi juicio él permite, así :
1- No es cierto que la ley 30 determine que los rectores deban elegirse en consultas internas en las Universidades; por el contrario la norma es expresa en la soberanía del Consejo Superior para nombrar el rector de acuerdo a su propio criterio. Así se ha hecho siempre en esta Universidad, sin que ello impida que los miembros del Consejo Superior, hagan las consultas a sus representados con entera libertad.
2- Años atrás la cultura política en las Universidades Públicas levantó como consigna el derecho exclusivo de los llamados estamentos básicos o fundamentales a definir el destino y el Gobierno de las universidades, ella se soportaba en la errónea interpretación de que los sectores llamados extrauniversitarios eran enemigos estratégicos del desarrollo de una cultura nacional e independiente.
3- Los tiempos han variado y hoy en día se reconoce que la universidad es un patrimonio inajenable de la sociedad y que la consigna de ayer, es una forma más de privatización, pues el hecho de tener un cupo o un puesto en ella no otorga ningún derecho exclusivo. Nadie le niega ahora el derecho a la sociedad a estar presente en el órgano de gobierno de la Universidad a través de representaciones diferentes a la de los llamados estamentos básicos: profesores y estudiantes. Tanto el gobierno, como la llamada sociedad civil tienen todo el derecho a estar en los Consejos Superiores con el sólo requisito de que se muevan por intereses estrictamente académicos y de defensa del servicio público de la educación. No es serio descalificar otras vocerías sociales basados en el fácil expediente de que no pertenecen a la comunidad universitaria.
4- La participación de que habla nuestra constitución no puede leerse como la exclusión de los demás. Mucho menos la imposición de los criterios de unos en contra de las de otros. La participación democrática tiene como requisito las presencia de mayorías, la existencia de reglas claras previamente establecidas. Lo otro es un vano intento de falsear la verdad o la pretensión de instaurar la dictadura de una minoría de activistas.
5- Cuando me enteré de una consulta triestamentaria definida por Aspu Risaralda, de manera unilateral, sin la oportunidad de convenir los términos de la misma, sin tener la opción de participar con jurados, y cuando la misma se condimentó con una Asamblea Triestamentaria en la cafetería, tuve la sensación de la existencia de toda una operación deliberada, no para pulsar la opinión del Profesorado sino mas bien para incitar un conflicto de manera artificiosa. Fue por ello, que aún a riesgo de que se me considerara prepotente decidí manifestar públicamente que no participaba en tal consulta.
No es cierto que la consulta realizada por ASPU se convocó en los mismos términos de hace tres años. La modalidad triestamentaria es un recurso organizativo de los últimos tiempos, mecanismo que evade y sustituye la real participación.
6- No puedo permitir que se engañe a la comunidad Universitaria dándole a entender que está en sus manos definir el Rector de la Universidad; menos aún que con la disculpa del derecho a participar se embarque a la Universidad en una causa imposible donde sólo los promotores saben el lugar de destino:
Causa extrañeza la incomodidad provocada por el hecho intrascendente de que el Consejo Superior sesionara en la sala de Juntas de la Gobernación de Risaralda, teniendo en cuenta que no es la primera vez.
No tiene justificación alguna las expresiones desobligantes contra los miembros del Consejo Superior difundidas a través de algunos medios de comunicación, que rayan con la provocación.
7- Por estos días hemos vuelto a escuchar la cantinela de la privatización de la UTP, argumento circular que no aporta prueba alguna. Acusación tan fantasiosa como aquella de que no hay libertad de expresión. Como estamos en un lugar donde se presume la necesidad de enriquecer el intelecto con razonamientos convincentes, o aunque sea polémicos, demando de los oponentes un mayor esfuerzo de abstracción para estructurar sus ataques. Para ello propongo que adelantemos un exámen sobre lo que es y no es privatización en las universidades públicas, mediante un foro pactado previamente, donde ventilemos de manera franca y frente a la sociedad las políticas que hemos venido aplicando en la UTP. Parto de una tesis, nada de lo que hemos hecho con referencia al Instituto de Lenguas Extranjeras o a la Corporación ALMA MATER debilita en aspecto alguno el carácter público de la universidad, por el contrario la potencia al permitir que a mediano plazo ejerza de manera mas poderosa la influencia que se merece.
8- Ya van transcurridos casi dos años de ejercicio de la Corporación Alma Mater, tiempo mas que suficiente para que estemos incursos en alguna flagrancia específica, me resisto a aceptar que llevemos tanto tiempo equivocados sin que haya la mas mínima prueba del daño emergente.
9- De igual inconsistencia son los argumentos de un supuesto clientelismo en el nombramiento de docentes y administrativos, ya va siendo hora de que hagan las denuncias específicas. Siempre que he pedido nombres concretos reina el mas absoluto silencio. Y siempre que recuerdo que la escogencia de profesores es un asunto del resorte de los Consejos de Facultad hasta ahí llega la queja. Cuales son los compañeros que hablan de selección y no de concurso?. Hasta que me demuestren lo contrario sigo pensando en el buen criterio de las directivas académicas cuando recomiendan la contratación de determinados profesores. Aún más, soy del criterio de que se hagan concursos públicos, a mi no pueden endosarme la responsabilidad de teledirigir los Consejos de Facultad, no solo por respeto con esos organismos sino porque es una soberana necedad afirmarlo.
Frente a la insistencia de la representación profesoral de una supuesta incuria de los Consejos de Facultad al recomendar la contratación de docentes transitorios y de cátedra, debo reiterar la desaprobación rectoral a cualquier procedimiento que no tome en cuenta criterios objetivos de escogencia.
Son los propios Consejos de Facultad los que deben implementar de acuerdo a su autonomía la modalidad de concurso que convenga, pero en todo caso evitando el subjetivismo y/o el favorecimiento indebido.
El Consejo Académico esta en libertad de proponer al Consejo Superior los encamisamientos normativos que faciliten la tarea, si es que los actuales se consideran insuficientes; para ello la Representación Profesoral, que hace parte de ese organismo y se suma a la crítica, tiene la palabra. Lo mismo es válido para el Representante al Consejo Superior.
10. Finalmente y como epílogo, a diferencia de quienes hacen de vaticinar el desastre un oficio rentable, creo que la Universidad va muy bien; estamos progresando de manera rápida en todos los aspectos de nuestra misión institucional, sobre todo calando profundo en la sociedad al generar el liderazgo que tanto se requiere. Creo que en muchos años no había tenido la Universidad una mejor situación, para ello hemos trabajado con empeño. Esto no ha sido gratuito, por el contrario, en los logros que nadie discute, esta la presencia de la gran mayoría de los docentes y administrativos, que con optimismo y profesionalismo están demostrando que la Universidad es capaz de lograr estándares de excelencia académica a los mas altos niveles.
Como Rector electo les manifiesto mi mas profundo agradecimiento y los invito a continuar trabajando en equipo como hasta ahora, en la seguridad de que la sociedad no es insensible ni indiferente a los esfuerzos desplegados, y estará siempre atenta a brindarnos su apoyo cuando este sea necesario.
Cordialmente,
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
Rector
Fecha de expedicion: 2002-11-22