PRESENTE Y FUTURO DE LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA: UNA MIRADA DESDE EL SUE»
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
22 de Febrero de 2013
Cuando se plantea el interrogante de imaginarnos el futuro de las universidades, surge inevitablemente la necesidad de volver sobre su misión; ellas deben ser el espacio para que las ideas y el conocimiento florezcan de manera libre y aporten al progreso de la humanidad con equidad, en armonía con la naturaleza y de manera sostenible.
Las universidades deben formar los ciudadanos que requiere la marcha social con las competencias y los valores que hagan posible los máximos ideales humanos. Pero el papel de las Universidades no se reduce a la formación, su intervención en el devenir social debe ser mucho más ambiciosa. No sería explicable, que reconociendo el conocimiento como el factor esencial para el desarrollo humano, los sitios donde este se produce, recrea y difunde no ejercieran un in flujo mucho más profundo.
El quehacer de las Universidades debe estar ligado a las realidades de los contextos en que actúan y hablando del nuestro, es evidente que refleja una profunda inequidad social. No hemos podido encontrar todavía, de manera significativa, las claves del desarrollo humano con equidad, a pesar de los diversos ensayos que en materia política se han puesto en práctica.
A las Universidades hoy se les pide mucho más que formar profesionales o crear conocimiento, están conminadas a iluminar, a proponer, a resolver. Este nuevo rol, con base en el conocimiento, tiene mayor realce cuando se reconoce que las Universidades conservan un sitial de confianza para las mayorías; son creíbles, se les acepta como instituciones respetables que pueden actuar al margen de los intereses creados.
Para jugar este papel trascendente, cuentan con algo que difícilmente existe para las demás Instituciones; la autonomía Universitaria. Una autonomía que no puede entenderse como la oportunidad para la apropiación o para la privatización en términos corporativos o políticos. La autonomía debe elevarse a una categoría muy superior, entenderse como el fundamento para que se pueda mover el conocimiento con libertad, sin peligro, sin censura. Que permita la crítica y la propuesta sin cortapisa, pero que sirva de suelo fértil para la construcción de futuro. No puede ser una autonomía referida solo a los asuntos del Gobierno Universitario, debe ser una autonomía para hacer, no para obstruir, ni para excluir; debe ser incluyente, respetando todas las vocerías de la sociedad.
No solamente es el aspecto financiero lo que excluye, los sistemas de ingreso están pensados en la vieja lógica de ser para las elites. Solo pasaban los mejores, era una educación filtro. Eran tan pocos que no se notaba la imperfección del sistema. En una educación de masas, como determinar los mejores?. Las pruebas utilizadas en el ingreso son exhaustivas para descalificar?. Donde está la inteligencia múltiple?. Se descubre y potencia el talento? Como juega lo social?
Como vamos a manejar la discapacidad física y cognitiva?. Como les vamos a proteger el derecho real para que puedan ingresar a la Universidad?. Como debemos aportar en la Universidad para situaciones de conflicto y posconflicto desde el ingreso?
En Colombia la Constitución Nacional nos permite favorecer en el ingreso a los sectores en debilidad sin romper el derecho a la igualdad, lo que se llama discriminación positiva. Pues bien, algunas universidades la estamos usando para proteger y darle ciertos cupos a las minorías sociales y también a los jóvenes que vienen de zonas apartadas con sistemas educativos precarios. No es mucho pero algo estamos haciendo. Es imperativo avanzar.
Desde el ingreso se modela la universidad que queremos; ella puede ser incluyente, diversa, promotora de talento, academicista, elitista; en fin el ingreso determina en gran medida el carácter de Universidad resultante.
Puede haber universidades para las élites, pero lo público encarna responsabilidades que obligan a pensar diferente. Y ello no impide que busquemos la excelencia y la calidad en lo que hacemos.
Lo curricular también debe entrar a cirugía mayor, lo que se enseña y como se enseña. Alguien decía que la educación se quedó en el siglo IXX y los estudiantes están en el siglo XXI.
Lo curricular debe conectar con lo práctico, con la vida, con la sociedad. No es de poca monta los retos que debe asumir la educación contemporánea, ni que decir de la futura. Desde la formación técnica u orientada al trabajo es posible acceder a las titulaciones más elevadas, no hay un camino único; hay que pensar en los ciclos propedéuticos y en las pasarelas para ir de una titulación a otra. Hay que romper los paradigmas mentales.
La información ya no es privativa de nadie, está distribuida y al acceso de todos a través de las redes. Hay que enseñar a buscar y a usar la información y educar para el ser y el conocer, pero también para el hacer.
El docente ya no deslumbra con sus conocimientos, los buscadores de Internet lo tienen derrotado. El docente logra desplegar su potencialidad en la medida que seduzca y eso no se logra sino en la medida que se actualice tecnológicamente, que sea capaz de estar entre iguales en términos de comunicación y que aporte en lo pedagógico. La red está llena de conferencias magistrales en videoconferencia en todos temas y para todos los gustos. El uso en la formación de las TICs no es una excentricidad es una necesidad.
Se requiere un docente que asuma su papel de educador. Que se conecte con sus estudiantes, que se preocupe por ellos, que comprenda sus dificultades. Un maestro de verdad.
La deserción estudiantil, fenómeno acelerado por la masificación de la Matrícula, requiere para mitigarla de un mayor compromiso del maestro en el aula. Es imposible separar el aprendizaje de las circunstancias concretas del aprendiz.
Las Universidades deben asumir el tema social en el terreno estudiantil de una manera integral, no solamente como una caja de auxilios para socorrer; hay que anticiparse a las dificultades en el campo académico, sicológico y de salud.
Para ese nuevo docente se requiere repensar la manera de evaluarlo, actualmente es muy fácil entrar a la tenencia de los cargos de planta, pero muy difícil salir de ellos. Es una contratación indefinida asegurada independiente del desempeño, un contrasentido para cualquier organización.
Si no revisamos nuestros sistemas de contratación docente, de evaluación docente y de remuneración va a ser muy difícil trascender de manera real en los asuntos de la calidad y sobre todo más difícil aún contar con el concurso real de la academia para impactar el progreso social de manera profunda.
Es indudable que el principal factor de la calidad en las universidades y en cualquier organización es el recurso humano. En nuestro caso el recurso humano docente. La manera como se regule la carrera docente tendrá repercusiones evidentes en los resultados.
Va a ser necesario un gran proceso de autocrítica para encontrar nuevas formas de contratación y compensación que midan el impacto de la labor docente, tanto en la producción académica como en el progreso de los estudiantes.
Debemos pensar en construir nuevas reglas para el futuro, naturalmente respetando los derechos adquiridos y de acuerdo a la ley. Más aún, si estamos ciertos de que la perpetuación de lo existente en materia de contratación y compensación no es lo deseable; encarémoslo, no lo evadamos por cortejar lo políticamente correcto.
La evaluación de los estudiantes es otro elemento que está en cuidados intensivos. La evaluación es un continuo o un hecho terminal?; se evalúa para mejorar o para descalificar? La evaluación siempre será un proceso subjetivo y así debe entenderse. Hay que aprender a evaluar, que yo sepa en las universidades poco se habla de esto; más bien se da por descontado que quien sabe enseñar sabe evaluar. Cuánto daño se puede provocar desde el trono de la evaluación. Hay que profundizar en los métodos de evaluación y sobre todo formar para la evaluación.
Los sistemas de información deben ser un elemento central en la gestión Universitaria, ya no podemos movernos por corazonadas; los datos y el seguimiento son esenciales para definir y enrutar la acción. En las Universidades Públicas a veces se suele viajar con el piloto automático, en una actitud pasiva montados en la disculpa de que si así ha funcionado no hay para que cambiar. Craso error, todo ha cambiado y está en movimiento. Hay que desconfiar de lo que se ha hecho. Hay que innovar y buscar nuevos caminos.
Hay que buscar la interacción y el contacto entre las disciplinas y los académicos. Está demostrado que es en los ambientes de contacto como se generan las nuevas ideas y los descubrimientos. Hay que luchar contra la compartimentación y los estancos que se incuban y reproducen de manera natural en las Universidades. Hay que proveer las ocasiones de encuentro y de trabajo conjunto. A veces asombra verificar que no se conoce lo que se hace dentro de la misma Universidad.
El encadenamiento en redes de Instituciones para la cooperación y la sinergia es hoy indispensable. Permite avanzar con mayor celeridad y hacer cosas que en lo individual sería difícil.
La investigación es un elemento consustancial al sentido de Universidad, la investigación debe estar presente a lo largo y ancho de la actividad universitaria; debe ser una actitud que invada la formación. La investigación formal debe buscar el impacto, no quedarse en las publicaciones sino trascender más allá de ellas. No puede ser la investigación para los Investigadores; debe ser la investigación para los Investigadores y para la sociedad.
La sociedad debe instalar en el consciente colectivo a la educación y al conocimiento como la principal prioridad; las agendas personales, familiares, del estado a todo nivel, de las organizaciones sociales, de lo privado, de la sociedad civil, en fin la sociedad en su conjunto, debe ser coherente con esta urgencia.
La Internacionalización es un imperativo; el segundo idioma y la movilidad deben ser los mínimos en esta materia. El segundo idioma en alguna extensión debe ser requisito de grado por lo menos; el semestre fuera del país como parte de la formación debe ser un objetivo a acariciar. Hay que destinar y gestionar recursos para este menester; es un asunto estratégico.
Hay que abrirle paso a las dobles titulaciones y aprender a flexibilizar los reconocimientos mutuos. A veces somos demasiado ortodoxos y dogmáticos en esta materia.
En fin las universidades en este siglo por virtud del conocimiento deben ser trasformadoras, de la realidad y de las personas; pero lo más importante deben innovar. Cada vez más, se convierten en una esperanza para la sociedad.
Esta Universidad del Futuro como la estamos visionando tiene que estar financiada preponderantemente por el Estado; con la masificación de la Educación Superior, y la realidad socioeconómica del país, francamente imposible que los estudiantes y sus familias puedan financiarla. Esto no significa que no deban concurrir en la medida de sus posibilidades, significa que no puede ser motivo de exclusión social el carecer de recursos para acceder a ella. Hay que encontrar la forma para que de manera real la educación superior sea un derecho; tal y como estamos hoy no lo es. Lejos estoy de militar en la idea de que el estado tenga que aportarlo todo, esta postura suena muy bien para la propaganda política pero es actualmente inviable.
Hay que salirse del dogmatismo y aceptar que la Educación Superior debe financiarse desde lo público y desde lo privado con mecanismos que garanticen que ella no está vedada para los pobres.
Tampoco me parece pecaminoso que el Estado aporte los recursos contra resultados, siempre y cuando el objeto de aplicación se conocerte con las universidades, no faltaba más que fuera una manera de hacer nugatoria la autonomía. Siempre será posible encontrar acuerdos entre Gobierno y Universidades.
El financiamiento de las Universidades Estatales en Colombia tiene un defecto de origen; la ley 30 de 1992, que lo creó y modeló, lo configuró de tal manera que a la larga se volvió en contra de los mismos propósitos que lo animaron en su momento. No hay que olvidar que vivíamos la euforia de la nueva Constitución que le había dado ingreso por la puerta grande al concepto de autonomía universitaria, que precisamente esta ley pretendía desarrollar.
La fórmula que idearon los proponentes y aprobaron los legisladores, parecía que permitiría garantizar el futuro de las Universidades al establecer que los presupuestos siempre tendrían que reflejar un aumento en pesos constantes.
En teoría, ello significaba la posibilidad de que los Gobiernos fueran adicionando los recursos que fueran necesarios para solventar el crecimiento y el desarrollo de las Universidades. En los primeros años de vigencia de la ley 30, aunque los presupuestos se actualizaban sólo a la proyección del IPC, mediante la figura de presupuestos adicionales, las Universidades de manera individual, con gestión, lograron mayores recursos para superar esta barrera, y al final se alcanzaban aumentos reales por encima del IPC.
Durante la década del 90, este fue más o menos el modus operandi que adoptó la financiación de las Universidades Estatales; así las Universidades fueron aumentando sus presupuestos en términos reales, aunque siempre por debajo de sus crecimientos.
De esta forma y no sin dificultades, las Universidades fueron sorteando los costos crecientes por la expansión de su matrícula pero sobre todo, los costos laborales que empezaron a crecer mucho más allá de la inflación por decisiones legales, imperativas para las Universidades, incluida la remuneración de los docentes que tiene un crecimiento intrínseco por la vía de la producción intelectual de los mismos.
La llegada del nuevo siglo, arrimó a la situación una novedad que pensamos sería beneficiosa; frente a una demanda, el Consejo de Estado sentenció que todo lo que recibieran las Universidades por cualquier concepto del Estado se volvía base presupuestal; de allí para adelante hubo un giro en la conducta de los Gobiernos; los presupuestos se amarraron más celosamente a la sola corrección monetaria y los presupuestos adicionales prácticamente desaparecieron.
Esta temporada de limitación presupuestal coincidió con grandes presiones de los Gobiernos por ampliar la cobertura y no de cualquier manera. No solamente había que construir infraestructura, actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel de formación de los profesores, hacer investigación, mejorar la planta, para atender los rigores de sistema de calidad, sino que había que pensar en cerrar las brechas sociales, llevando ofertas a las regiones apartadas, e incluso incursionado en la formación técnica y tecnológica.
En estas condiciones se llega al año 2009 donde de manera a veces enérgica se empieza a hablar de la crisis estructural de las Universidades Estatales y de la necesidad de buscar un nuevo modelo de financiamiento que garantizara la sostenibilidad en términos de calidad y equidad social.
Las Universidades se comprometieron con el Gobierno de entonces a adelantar un estudio demostrativo de la situación y para ello, desde el SUE, se conformó una comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros que se dieron a la tarea de evaluar los impactos en los sobrecostos de funcionamiento de las Universidades Estatales provocados por el conjunto de leyes, decretos y sentencias judiciales que cambiaban las reglas en materia salarial.
Se trató únicamente de tener una idea de cuánto habían tenido que asumir las Universidades, sin compensación alguna por parte del Presupuesto Nacional, con este propósito, a partir de la vigencia de la ley 30 de 1992; es decir en un período comprendido entre el año 93 y el año 2009, en ese momento.
Este ejercicio arrojó las primeras cifras que sirvieron de soporte para reclamar recursos del Presupuesto Nacional que ayudaron a paliar las afugias de las Universidades. En ese año, para el presupuesto del 2010 y con la mediación del Congreso, se lograron importantes recursos, aunque todavía atados al aumento de cobertura regional.
Estos antecedentes soportaron los acuerdos para llevar al Congreso una reforma a la ley 30, sólo en el financiamiento, proyecto que se concertó con la señora Ministra Cecilia María Vélez White, no sin diferencias, pero decididos a dar la batalla en el Congreso de la República.
Como es de dominio público cuando asumió el nuevo Gobierno, hubo un cambio de concepto; se buscó ir más allá de lo financiero en la reforma de la ley 30, y se empezó a hablar de una reforma más integral. Con este giro político se hunde en el Congreso la primera iniciativa y empezamos un segundo tiempo.
Esta historia es más reciente, el proyecto propuesto por el Gobierno en el año 2011 debió ser retirado después de grandes movilizaciones estudiantiles, que inicialmente objetaron la posibilidad del ánimo de lucro que venía en la propuesta, y luego la falta de participación.
Sin solución a la vista, se hace el acuerdo con la señora Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, para que se respetara en el año 2012, al menos lo mismo que proponía el proyecto frustrado, un 3% adicional a la inflación y así ocurrió. Se concertó la distribución de estos recursos que alcanzaron la suma de $66.000 millones, en un esquema que privilegió a las Universidades con menor apoyo del Estado en términos de per cápita.
En el año 2012, tampoco fue posible llevar una propuesta de reforma a ley 30 al Congreso; la deliberación no estaba madura para llevar una fórmula concertada. Y aunque se solicitó, para mitigar la crisis acumulada, un 10% adicional sobre el IPC, que equivalía a $240.000 millones aproximadamente, tan sólo se lograron asegurar $100.000 millones dentro del presupuesto del año 2013, un monto a todas luces insuficiente, como lo hicimos saber en su momento.
Finalizando el año 2012, y cuando se discutía la reforma tributaria, surgió en el congreso de la republica la idea de buscar recursos nuevos para Educación Superior Publica, disminuyendo uno de los cuatro puntos que sobre la nóminas reciben las Cajas de Compensación Familiar, un monto que podría llegar al Billón de pesos y que naturalmente seria creciente con el desempeño de la economía y el empleo. Tan pronto conocimos la iniciativa, la respaldamos e hicimos causa común entre el SUE , ASCUNN y la Sra Ministra de Educación, en un ejercicio muy importante de gestión en el Congreso, que estuvo casi a punto de lograr el objetivo.
En medio del debate surgió una variante para no tocar a las cajas de compensación familiar, que consistió en incrementar un punto a la contribución de los empresarios para la equidad, el CREE, para llevarlo del 8 al 9 %. Esta fórmula se abrió paso rápidamente, aunque no tuvo el respaldo suficiente del Ministerio de Hacienda; y lo que pudo ser una ocasión para entrar de fondo a resolver el financiamiento quedo reducido a una intervención coyuntural por tres años y disminuida al 40% de la pretensión original. No quisimos rivalizar con las Cajas, ni con su poderoso Cabildeo; para las Universidades lo importante era que se dieran soluciones.
Los recursos que vamos a recibir de la reforma tributaria son importantes y van a irrigar no solo a las universidades, sino a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas Publicas que también lo necesitan. Lamentamos que no puedan destinarse a gastos recurrentes, pero hay que reconocer que constituyen un alivio importante para atender las múltiples carencias del sector.
Quedan algunas lecciones; la primera que desde el congreso se pueden encontrar soluciones, que allí hay voces solidarias con la Educación Pública; la segunda, que se puede hacer causa común con el Ministerio de Educación y la tercera que la opinión pública cuenta. En este aspecto creo que algo nos faltó.
El SUE se había comprometido con la señora Ministra, María Fernanda Campo Saavedra, a hacer un estudio más completo que sirviera de base para la construcción de un modelo que le diera solución al desfinanciamiento estructural en términos de mediano y largo plazo; estamos cumpliendo el compromiso.
En medio de enormes dificultades y carencias llegamos a 20 años de vigencia de la ley 30 de diciembre de 1992, creciendo y transformando el sistema de manera muy importante, con grandes eficiencias pero agotados en los márgenes de acción. Es hora de que el Estado y la sociedad atiendan las demandas de sus Universidades, para que puedan seguir avanzando en los términos que la realidad reclama. Y esto significa financiación adecuada.
La tarea sigue pendiente, el estudio que presentamos hoy, esperamos se convierta en un instrumento de enorme valor para proseguir en la senda de encontrar junto al Gobierno y al Congreso, la mejor forma de financiar el futuro de la Educación Superior Estatal. Un examen que debe ser objetivo, autocrítico, transparente; aceptando hay mucho por mejorar, siempre pensando en una mayor cobertura, con calidad, equidad y compromiso social.
Agradezco en nombre del Sistema Universitario Estatal SUE, el trabajo realizado por el equipo de Vicerrectores Administrativos y Financieros quienes se aplicaron con entusiasmo y creatividad a construir esta propuesta.
Sigue en la agenda el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, está demostrado que podemos ser aliados en los esfuerzos para defender el futuro de la Educación Superior en Colombia.
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector
Universidad Tecnológica de Pereira
Presidente del SUE