PONENCIA ENCUENTRO DE EDUCACION SUPERIOR
“Retos y Oportunidades de la Reforma de la Educación Superior”
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
9 de junio de 2014
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Estimados todos:
Me han pedido participar en este panel bajo el alero de las oportunidades y retos de la reforma universitaria, un vasto escenario que me permite referirme a lo divino y lo humano; en vez de ello, me dedicaré a ventilar algunos asuntos puntuales que considero importante hacer notar, y que para mí dilucidarlos plenamente ayudan y facilitan el tránsito hacia la transformación de la Educación Superior. Subrayo que son apenas algunos, quedan muchos importantes sin abordar.
Empezaré por la autonomía y el uso que de ella hacen las comunidades Universitarias en las Universidades Estatales.Sin una autonomía bien concebida, respetada por todas las partes, y defendida como bien supremo será muy difícil construir la universidad del futuro.
Lo hago además urgido por los acontecimientos que vienen ocurriendo y que definitivamente la colocan en riesgo, bien por acción, bien por omisión, cuando no por la intromisión abierta que en ella hacen los poderes públicos y diferentes agencias estatales.
Hechos que vienen acelerados y favorecidos por las disputas internas que se generan alrededor de los mecanismos de elección de los rectores, donde se hace abstracción de la autonomía para endosarla a los jueces, en ejercicios de amparo constitucional a través de las tutelas, o a otros, cuando a conceptos solicitados a quienes no tienen la competencia ni la autoridad para emitirlos. Al final una autonomía mancillada y perforada desde afuera, al tenor de intereses, casi siempre asociados a la controversia política o ideológica.
Los universitarios de todos los tiempos han reivindicado la autonomía universitaria como una garantía imprescindible para el trabajo con el conocimiento libre de interferencias ajenas a las ciencias y sus métodos. En efecto, el conocimiento y los fines que lo acompañan, es incompatible con cualquier forma de coacción, imposición, perturbación o ruido que lo distraiga de su “deber ser”.
Esa autonomía que etimológicamente es la capacidad de autorregulación, autogestión, capacidad de darse las propias normas, no es absoluta desde luego, debe ejercerse de conformidad con la ley. Y es aquí donde surge la primera dificultad: ¿qué significa de conformidad con la ley?
Resolver este interrogante requiere de análisis, decisión y carácter, máxime cuanto todos los entes estatales, y las universidades también lo son, tienen prácticamente todo regulado en términos de la gestión administrativa, y cuando además en desarrollo del principio constitucional de legalidad, en virtud del cual los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido mientras las autoridades pueden hacer sólo aquello que les esté expresamente permitido, pareciera una camisa de fuerza.
La gran incertidumbre a resolver es cuál ley es la que debe considerarse como límite del ejercicio de la autonomía, pues, si la universidad pública tiene casi todo resuelto en las leyes, en cuanto autoridad administrativa estatal, pero además se la dota a nivel constitucional de esta especial característica llamada autonomía para el ejercicio de sus competencias, ¿ello que significa? ¿Será que su alcance es únicamente residual?; esto es, una autonomía que cubra sólo los vacíos de lo que no esté expresamente previsto en la ley?. Creemos que esa hipótesis, que algunos acogen, es equivocada y debe desestimarse por varias razones; la primera porque la ley que regula la educación superior, esto es, la ley 30 de 1992, habilita expresamente para el ejercicio de la autonomía en ámbitos específicos, y de serlo solo residual la estaría negando de plano y en segundo lugar porque la misma evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo determina palmariamente.
Es decir, la ley que rige a las universidades públicas no es cualquier ley, es la ley 30 de 1992 y respecto de las demás leyes, hay que hacer el test de proporcionalidad entre el ejercicio de la competencia del Congreso y el principio de la autonomía, pues, si ante una ley este principio constitucional resulta comprometido o disminuido o desconocido, la respuesta será que esa ley en particular no resiste el análisis de constitucionalidad y debe desestimarse como fuente de derecho para aplicarla a las universidades públicas. Y este examen o test de constitucionalidad le corresponde hacerlo a las propias Universidades, sin delegarlo, es de su fuero.
Así las cosas es importante que los universitarios construyamos los consensos necesarios sobre la interpretación y defensa de la autonomía, que no puede seguir siendo resultado de la intuición, de la apuesta, o el tremedal de las dudas. Es necesario identificar acuerdos que pongan fin a la incertidumbre y eviten la disparidad de criterios en el ejercicio de la misma. No hay duda de que en cada universidad, la intuyen o ejercen de manera diferente.
Creemos que es necesario encontrar el justo medio, poniendo los diques de contención que la separen de la autarquía, de la capacidad absoluta de gobernarse y controlarse así misma; pero también y, de idéntico modo, preservando su esencia y naturaleza, evitando que se le vacíe de contenido por una presunta contradicción normativa con otros valores y roles que desempeñan otros poderes públicos, incluido los que el Gobierno Nacional ejerce legítimamente, esto es, la inspección y vigilancia.
A esta tarea de buscar acuerdos entre nosotros en términos del ejercicio de la autonomía debemos aplicarnos con prisa pues está en la esencia de lo que somos y representamos. Lo dicho hasta aquí es solo un abrebocas, no habría espacio para agotar el tema. Sin embargo es suficiente para calar la importancia de examinarlo en conjunto, como sistema, sobre todo para incorporarlo a los desarrollos legislativos de la reforma a la educación superior en ciernes. No es lo más aconsejable seguir dependiendo de jurisprudencias que pueden ser deleznables.
Mientras tanto hemos acuñado una frase que revela el ideario deseado: La autonomía es para ejercerla.
Quiero igualmente adentrarme en el ejercicio de la autonomía en los dominios académicos, donde en apariencia no hay mayor discusión de sus prerrogativas, son territorios pacíficos.
Me parece que los universitarios hemos sido tímidos por decir lo menos en el uso de esa capacidad en beneficio de las transformaciones requeridas. Se hace necesario un cambio de actitud sobre todo de los docentes para llevar esa potencialidad a los dominios del aula produciendo las innovaciones y los cambios que potencien el aprendizaje y el papel de la universidad en la sociedad.
Nada de lo que imaginemos y acordemos como política pública al respecto podrá implementarse efectivamente sino contamos con el compromiso real de los académicos; podremos definir muchos planes y establecer muchas normas pero si los académicos en el ejercicio de su autonomía, que en lo académico es prácticamente plena, no los acompañan renovadoramente, no haremos gran cosa.
Se requiere repensar la autonomía para sacarla del solo concepto de los temas de gobierno, las reivindicaciones laborales y políticas, para expandirla al sentido más amplio de la misma.
La misma autonomía debe hacer su aparición en los espacios de la gestión administrativa no tenemos que esperar a que las normas aplicables a la rama ejecutiva nos invadan. Debemos innovar e incorporar técnicas modernas de administración que nos ayuden a ser más eficientes.
Los planes de desarrollo, obligados por la ley, deben convertirse en ejercicios conscientes que recorran las Instituciones de arriba abajo, en oportunidades para la creatividad colectiva. No pueden ser hechos burocráticos para la exportación.
Cada unidad académica debe tener su propio plan de desarrollo amarrado y alimentando el plan general. Debemos empezar a usar la información en la gestión desde las propias unidades, dándole ingreso a la llamada inteligencia Institucional, para adelantar la gestión. Debemos usar el conocimiento y la información para la gestión estratégica y todo ello en el marco de la autonomía.
En los temas de Gobierno Universitario se clama por mayor participación de las comunidades en los órganos de dirección de las Universidades, en particular de mayor participación relativa de profesores y estudiantes. Un asunto que seduce pero que debe mirarse con todas sus implicaciones.
El diseño actual de los Consejos Universitarios en las universidades públicas, dentro del triángulo, comunidad universitaria -estado y sociedad civil, ha funcionado bien, aunque podría mejorarse, sobre todo en requisitos e inhabilidades de quienes los componen, y sobre todo en evitar que las representaciones del estado terminen en un cuoteo político.
Las universidades antes que distanciarse de la sociedad deben articularse cada vez más con ella. En la medida que el conocimiento es un factor cada vez más importante en el desarrollo y el progreso de las sociedades, las universidades deben articularse con los territorios y con todos los agentes del desarrollo.
La sociedad reclama un mayor protagonismo de las Universidades, y estamos obligados a responder con entusiasmo. Universidades reactivas, aisladas, son un completo contrasentido.
Cosa distinta del papel crítico que deben ejercer sin cortapisas, la sociedad además lo reclama, pero para ello las universidades deben estar alejadas de dogmatismos y abiertas a la relación con la sociedad.
Es un error distanciarse de las autoridades regionales, por el contrario hay que articularse con ellas compartiendo responsabilidades en todo sentido.
El tema de la gratuidad que aparece como un gran diferenciador entre las partes no creo que sea así. Me parece que es más el papel de la consigna que lo que resuelva en términos de la inclusión educativa.
Creo que es más justo, realista y efectivo que la gratuidad se centre en los sectores sociales que están en debilidad, y creo que todo apunta hacia allá. Por lo menos todas las campañas presidenciales en marcha lo están pregonando. No vamos a tener mucha dificultad en este sentido.
Más que encandilarnos con la gratuidad debemos ampliar el horizonte hacia el acceso, permanencia, graduación e inserción laboral. Ello implica abrirnos a una concepción más integral del apoyo a los sectores en debilidad.
Otro punto que quiero abordar en el acápite de la cobertura, que obviamente debe ser con calidad, es el de la Formación Técnica y Tecnológica. No sé si habrá conciencia de que las metas de ampliación en la parte profesional son mínimas e incluso decrecientes en todos los ejercicios de prospectiva realizados.
Toda la deliberación que ha hecho el país al respecto apunta a que debemos crecer es en la Formación Técnica y Tecnológica y no particularmente la que predomina actualmente. Se requiere una educación técnica y tecnológica, muy asociada a la práctica, y de calidad.
Se habla de la creación de Politécnicos que cubran esta necesidad. Es claro que en Colombia nuestra realidad en la pirámide de la educación superior es atípica: más del 70% formación Universitaria y la técnica y tecnológica, débil y mediocre.
Aunque algunas Universidades hemos hecho incursiones estamos lejos de encarnar ese ideal. ¿Cómo vamos a participar en esta estrategia?
Antes que crecer los programas profesionales debemos poner el énfasis en afinarlos en términos de calidad y pertinencia.
Donde sí habrá crecimiento y severo es en la formación Posgraduada. En las Maestrías y en los Doctorados las universidades tienen un gran filón y hacia allá deben enfocar sus esfuerzos. No todas las universidades podrán ser fortalezas en términos de investigación. Habrá que aceptar que algunas van a destacarse en este sentido y es razonable.
Todo se perfila a que los estudiantes de secundaria tendrán dos rutas para acceder a la educación Superior: la Técnica y Tecnológica y la Universitaria propiamente dicha. Cada una con posiblidades de ascender a estadios mayores de formación sin que sean excluyentes, ni da menor importancia. Este es un ajuste trascendental que deberá hacerse en el inmediato futuro.
En el tema de financiamiento, la tarea esta todavía inconclusa. Se nos ha criticado a las universidades estatales de no hablar sino de recursos, lo cual es una exageración. Aunque debemos confesar que sin una adecuada financiación se nos cae todo el castillo.
Las universidades hemos hecho grandes esfuerzos para seguirle el paso a las metas de cobertura del estado sin que los recursos hayan sido proporcionales a los esfuerzos. Para hacerlo, hemos tenido que incurrir en modalidades de contratación que aunque legales no son las más justas e indicadas para sostenibilidad y calidad del Sistema. De la misma manera las tecno infraestructuras acusan deficiencias y falencias evidentes que demandan nuevos recursos.
Paralelamente la evolución de la sociedad ha provocado nuevas demandas antes ignoradas que implican cargas financieras, como por ejemplo el uso de las nuevas tecnologías, la innovación, la internacionalización y el bilingüismo, la lucha contra la deserción, la formación de alto nivel de los docentes, etc.
Las acreditaciones de calidad, fundamentales para garantizar la calidad, implican igualmente inversiones antes no contabilizadas e ignoradas por el frio crecimiento de los presupuestos con la inflación.
Hemos logrado algunos avances que nos ayudan a paliar las dificultades sobre todo en recursos de inversión, particularmente los recursos que estamos recibiendo del impuesto CREE, después de la reforma tributaria del año 2012 y con los recursos que recibiremos de la estampilla Universitaria Nacional, aprobada en diciembre del 2013. Sin embargo son temporales, se requiere una solución sostenible, tanto en inversión como en sostenimiento.
Por ello, esperamos que prontamente se construya un nuevo modelo de financiamiento que tome en cuenta las necesidades y nuevas demandas que debemos atender. Hemos convenido con el Ministerio de Educación en participar de una comisión, intergubernamental, que aspira a formular una propuesta de manera muy rápida, de suerte que pueda ser un insumo para el próximo gobierno. La comisión de Vicerrectores Administrativos y financieros del SUE llevará la vocería del sector.
Finalmente hay que reconocer que nunca antes se había desarrollado una deliberación tan importante y envolvente sobre la Educación Superior como la cumplida hasta ahora y que recoge el CESU en el documento de política pública que está a punto de salir y que hemos conocido en sus versiones preliminares,
Los diez temas, los programas y las propuestas definitivamente recogen lo esencial del debate. Estamos cargados de documentos, de diagnósticos y de análisis.
Gran parte de lo construido goza de grandes consensos. Llegó la hora de pasar de la teoría a la práctica, de definir el cómo; ya tenemos el que y el porqué, demasiado elaborado.
La implementación de la política pública construida implicará acciones en todos los ámbitos. Los escenarios de corto, mediano y largo plazo para un horizonte de 20 años, determinan apuestas de hondo calado.
Y no se crea que es solo desde el lado del Estado, las propias IES deben tomar la iniciativa, avanzando en las auto transformaciones que están a su alcance al amparo de la autonomía.
Muchas Gracias.
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ
Rector
Universidad Tecnológica de Pereira