Foro Reformas Pensional y Laboral
Sr Ministro de Salud, Trabajo y Seguridad Social. Srs Presidentes de las Comisiones VII de Senado y Cámara de Representantes
Para la Universidad Tecnológica de Pereira constituye un gran honor la presencia del Congreso y de tan altas autoridades de gobierno; y mas aún que sea a propósito de ventilar temas de tanta trascendencia para el futuro de la Nación Colombiana.
Las llamadas reformas pensional y laboral, cuyos efectos preocupan de manera extrema a la población trabajadora de este país, son decisiones que requieren el mayor y mas completo examen: torpe sería, aprobar modificaciones a los respectivos regímenes que no estuvieran acompañados de procesos de concertación y explicación con los sectores afectados.
Nadie que actúe de manera responsable puede negar la necesidad de introducir modificaciones sustanciales a la normatividad existente; la cuestión está en descubrir cuales, con que gradualidad, y cuando.
Los sectores laborales hemos estado acostumbrados a actuar de manera defensiva frente a las reformas que afecten nuestros intereses, a ello nos ha acostumbrado la dinámica del manejo de los conflictos sociales en Colombia. Por ello hay que entender, que cuando los sindicatos se oponen fieramente a cualquier variación, no signifique que sean inconcientes de la gravedad de la crisis de la economía Nacional. Porque seamos francos, todo se resume en que nuestra economía es incapaz de asumir los costos laborales, no porque ellos no sean merecidos en la mayoría de las circunstancias, sino porque una economía que decrece per cápita no puede aguantar indefinidamente.
Si los Sindicatos se defienden extremando su posición defensiva, otro tanto podríamos decir de los empresarios y del gobierno, cuyas posiciones siempre están exagerando el diagnóstico y mostrando los ejemplos negativos de manera magnificada para desacreditar la contraparte.
Una profunda desconfianza siempre ha reinado en los dos polos de la contradicción:
Los sindicatos de manera obtusa en ocasiones defienden el estatu quo, elevándolo a la categoría intocable de derecho adquirido y el Gobierno a veces, asume la posición de hacer tabla rasa con lo existente . Como buscar un equilibrio, que le de la garantía a la sociedad de que se esta actuando con equidad, debe ser el norte de cualquier conducta política.
Las posiciones extremas siempre generan reacciones extremas: privilegios desmedidos, sumados a una actitud intransigente de aceptar la inevitabilidad de los ajustes, traen como consecuencia la aparición de las soluciones por la puerta de atrás. A ello responden las llamadas plantas paralelas o la subcontratación. No se crean puestos estables de trabajo por el temor de que se repitan las condiciones de trabajo pre-existentes.
Se congelan las plantas y se apela a la prestación de servicios, creando regímenes discriminatorios e ilegales, llegando a la triste paradoja de que las mismas conductas sindicales que sirvieron para que la clase obrera lograra mejores condiciones de trabajo terminan por facilitar la destrucción de las mismas condiciones en un proceso lento y silencioso, pero igualmente mortal.
Se hace necesario trabajar por un nuevo pacto social, que desarme los espíritus y facilite que las cosas encuentren un justo medio. Hay que romper este círculo vicioso de contendores que se evaden, que no dialogan.
En el Sistema Universitario Público vivimos paradojas curiosas: En épocas de negociación colectiva se inventó el régimen especial de jubilación para los docentes, haciendo una cruda réplica de lo que ocurría en otras áreas del Estado. Nadie pensó que jubilar un intelectual a los 50 años era la peor solución, tanto para el docente como para la universidad misma. Pero también el Estado, estableció de manera genérica mediante la Ley 33 de 1985, los 55 años para los hombres y los 50 para las mujeres, mas 20 años de servicio como requisitos suficientes y necesarios para jubilarse. Hoy no queremos dejar ir a los docentes que encajan en estos regímenes, porque esta bien claro que en asuntos del conocimiento la edad cuenta a favor de la mayor productividad. Para agravar el cuadro, en la generalidad de las instituciones no nos preparamos para el relevo generacional y en consecuencia, sufrimos una pérdida neta en términos de la calidad de los docentes, puesto que no es posible reemplazarlos con el mismo nivel de escolaridad.
Tampoco los docentes en una buena proporción desean irse, pero resulta que la incertidumbre en el régimen pensional actúa en contra de las Universidades, por cuanto desde que las altas cortes resolvieron que la jubilación no es un derecho sino una mera expectativa, nadie sabe a que atenerse. Los profesores con todo derecho prefieren echarse la pensión al bolsillo y abandonar la causa, a pesar de que están en todo el esplendor de su productividad intelectual.
Así como se predica de la inversión extranjera que requiere de normas estables, con la garantía de no estar al arbitrio de la contingencia, igual debiera decirse de aquellas disposiciones que atañen a la consolidación de situaciones de derecho, como es el caso de las jubilaciones. Que bueno fuera que la reforma nos diera seguridad y claridad en estos campos.
De otro lado debiera ser discrecional de las entidades el mantener o no la persona que cumpliendo los requisitos de jubilación o pensión desea continuar trabajando. No en todos los casos le conviene a la entidad prolongar el desempeño laboral. Nos movemos en bandazos; antes de la ley 100, era causal de mala conducta del funcionario no retirarse cuando cumpliera requisitos y la entidad estaba en el derecho de desvincularlo; después de la ley 100 la entidad no puede desvincularlo y el funcionario se puede quedar hasta la edad de retiro forzoso. Edad que de acuerdo a la Ley 344 de 1996 es de 10 años adicionales a la edad en que cumple requisitos en el caso de los docentes Universitarios.
Como atacar el desempleo y buscar la excelencia si las Universidades no pueden administrar el recurso humano que ha cumplido requisitos de jubilación?
De otro lado, porqué un régimen general de retiro forzoso? Un país pobre como el nuestro no puede desechar a sus buenos académicos mandándolos a los parques cuando están en condiciones de aportar su inteligencia en la elevación de la capacidad científica y tecnológica del país. Necesitamos reglas de juego claras y flexibles.
Hace un par de días escuchamos la posibilidad de incluir en el referendo la eliminación de los regímenes especiales; dolor de cabeza de todos los Gobiernos. De ser esto cierto debiera existir una transicionalidad: A nadie le place que le cambien las reglas del juego de la noche a la mañana.
Como funcionario público que he sido por muchos años quiero dejar las inquietudes expuestas que han sido el fruto de mi experiencia en el sector, como un pequeño aporte a las deliberaciones de este foro.
Muchas Gracias,
Luis Enrique Arango Jiménez
Rector
Fecha de expedicion: 2002-11-01